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Gobierno colombiano arremete contra autoridades ambientales en favor de trasnacionales

La crisis ambiental y social, supuestamente generada por la oleada invernal recientemente vivida y cuyos coletazos todavía se sienten en Colombia, ha sido aprovechada por el gobierno de Manuel Santos para pretender pasar reformas legislativas y actos administrativos con el amparo de la declaratoria de Estado de Emergencia.

Esta suerte de oportunismo gubernamental se refleja entre otros, en la intención de transformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) –autoridades regionales en materia ambiental- al punto de ponerlas a discreción de las órdenes presidenciales.

Esto significa la centralización del control y gestión ambiental de las regiones en el Ministerio de Ambiente, lo cual es una grave afrenta al concepto de territorialidad y descentralización vigentes en la Constitución Política Colombiana.

Ante esta situación el Parlamentario del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo, ha convocado a los actores sociales del Valle del Cauca a debatir esta arremetida gubernamental y sus implicaciones.

Arias Castillo enmarca la iniciativa en un escenario de denuncia del afán del gobierno nacional en disponer todos los aparatos del Estado al servicio de las industria extractivas, el agronegocio, el “Biocomercio” y la minería.

En conversación con Radio Mundo Real, Arias Castillo explica el fondo de una supuesta cruzada anticorrupción en las Corporaciones Autónomas Regionales: “que dependan más –las decisiones ambientales- de las órdenes de las transnacionales que de las sensibilidades de la propia población dispuesta a movilizarse como evidentemente ha ocurrido, pero traicionada frecuentemente por la Casa de Nariño”, sede del Ejecutivo colombiano.

Entre otras denuncias en cuanto a acciones concretas gubernamentales para favorecer el agronegocio y las industrias extractivas, Arias Castillo señala la eliminación “de un plumazo” de la denominada Unidad Agrícola Familiar que impedía el acaparamiento de tierras mediante compras de más de mil hectáreas por parte de las transnacionales.

Llama la atención el Parlamentario de la coalición opositora de izquierda colombiana, el Polo Democrático Alternativo, acerca de lo que significa que las decisiones ambientales en las regiones estén en el escritorio del Ministerio de Ambiente, por fuera de la posibilidad de definición de las comunidades y organizaciones sociales de las localidades; más a favor de lo que el gobierno de Uribe llamó “Confianza Inversionista”, y que en este gobierno serán las “Locomotoras del Desarrollo”.

Además da algunas puntadas acerca del veneno con que viene cargado el Plan de Desarrollo planteado por el Gobierno Santos, en clave de la propuesta del Banco Mundial para América Latina.

También habla de las transnacionales que desde la propia región latinoamericana -en especial Brasil- coadyuvan con los megaproyectos y el acaparamiento de tierras.